La decisión del Gobierno nacional de vender inmuebles neuquinos consiguió el rechazo inmediato de funcionarios municipales y organizaciones y ayer sumó un fuerte espaldarazo de la Legislatura, que aprobó por mayoría pedirle al presidente Javier Milei que desista de la subasta de los terrenos y edificios de dominio nacional ubicados en la provincia y que se destinen a espacios públicos recreativos y al funcionamiento de instituciones.

Al inicio del debate, el diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) explicó que el predio del parque Jaime de Nevares cuenta con una afectación pública específica y que no puede tener un cambio de indicador para su uso urbano sin una previa aprobación por parte del Concejo Deliberante. También destacó que la propia comunidad local se apropió del espacio y defiende su utilización con fines recreativos.

Ludmila Gaitán (MPN) sostuvo que no se puede considerar a un parque o pulmón verde como un “costo sobredimensionado” para las arcas del Gobierno nacional y advirtió que desde el Ejecutivo de intenta vender “sin conocer la historia”, mientras que Darío Martínez (UxP) hizo hincapié en las desprolijidades del decreto nacional que incluyó tierras ya vendidas por el propio Estado y pidió que la Legislatura se declare en defensa del patrimonio público de los neuquinos.

Carlos Cogggiola (Neuquén Federal) consideró importante que la Legislatura neuquina “levante la voz en defensa de estos predios”, a lo que César Gass (JxC-UCR) agregó que “es muy poco lo que puede reclamar Nación por ese predio” al señalar que la construcción de la cárcel de Senillosa debía ejecutarla el Estado nacional y lo terminó haciendo el Gobierno provincial.

En la vereda opuesta se ubicó la oficialista Brenda Buchiniz, quien no acompañó la iniciativa al observar que existen conversaciones “en curso” con funcionarios nacionales para solucionar el tema y expresó como inapropiado remarcar que por el solo hecho de ser utilizado por la ciudadanía, el predio deba tomarse como un bien más de la comunidad.

En tanto, la legisladora Gabriela Suppicich (FIT-U) hizo referencia a la iniciativa que presentó su espacio político en el Congreso Nacional para anular el decreto que plantea rematar 309 inmuebles del Estado, entre los que se encuentran sitios de memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar, y opinó que el decreto “está hecho a medida del lobby inmobiliario del grupo IRSA”.