Aire 99 e Intempestiva dejaron de recibir pauta oficial hace meses, primero por parte del Gobierno provincial y luego de la Municipalidad de Neuquén. Esta situación expone la peligrosa práctica de utilizar recursos públicos para disciplinar al periodismo, condicionar la libertad editorial, atentar contra la libre competencia y favorecer un ecosistema mediático más dócil al poder.

Está claro, la censura no siempre se trata de una orden para bajar una nota. A veces, sobran los llamados o las palabras y alcanza con cerrar el canal de la publicidad oficial.

En Neuquén, la pauta publicitaria es, desde hace muchos años y muchos gobiernos, un terreno de disputa política. Aire 99 e Intempestiva dejaron de recibir publicidad oficial en un contexto de cobertura crítica del Gobierno de Rolando Figueroa y, sobre todo, del accionar de los legisladores nacionales de Neuquinizate en el Congreso de la Nación. También, claro, luego de haber abordado en diversas oportunidades las causas judiciales que involucran a Claude Staicos, exsecretario de Comunicación provincial.

Entonces, la pregunta se vuelve inevitable: ¿se distribuyen los recursos públicos para garantizar que la ciudadanía esté informada o para premiar a quienes acompañan al poder y castigar a quienes lo cuestionan

Staicos y una política que no se resuelve con una renuncia

Durante la gestión de Claude Staicos al frente del área de comunicación provincial, el manejo de la pauta oficial y la relación del Gobierno con los medios críticos quedaron bajo cuestionamiento. Staicos dejó su cargo después de un escándalo personal, pero su salida no resuelve las preguntas sobre las decisiones adoptadas durante su gestión ni sobre la política de comunicación que llevó adelante.

El problema no se agota en un funcionario. Lo verdaderamente preocupante es la posibilidad de que la publicidad oficial funcione como una herramienta de disciplinamiento. Recursos para los medios que no incomodan y castigo económico para quienes ejercen el periodismo con independencia.

Ese mecanismo produce un efecto de adoctrinamiento que va más allá de cualquier instrucción directa. Cuando los medios saben que una cobertura crítica puede significar perder ingresos, el mensaje es eficiente aunque nadie lo escriba. Hay cuestiones que conviene no tocar y funcionarios a los que es mejor no incomodar. Se llama autocensura.

Los fondos son públicos; las explicaciones también deberían serlo

Aire 99 e Intempestiva presentaron pedidos de acceso a la información pública para conocer cuánto gastan la Provincia y la Municipalidad en publicidad, qué medios reciben esos fondos y cuáles son los criterios de distribución. Las respuestas fueron evasivas, en todos los casos.

Ante esa situación, el conflicto llegó a la Justicia. En el ámbito municipal se encuentra en trámite una acción vinculada con el reclamo, mientras que el amparo relacionado con la Provincia avanza con las notificaciones necesarias para que el Gobierno conteste la demanda.

Que un medio tenga que acudir a la Justicia para intentar conocer cómo se distribuye la publicidad oficial es, en sí mismo, un hecho que merece atención pública.

La pauta no es propiedad de los funcionarios. No es una caja para administrar lealtades ni un instrumento para ordenar el debate público según las conveniencias del gobierno de turno. Son recursos de la sociedad y deben distribuirse con criterios objetivos, transparentes, razonables y ajenos a las opiniones editoriales.

La transparencia no es una concesión de los gobiernos sino una obligación. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, cuánto se destina a publicidad oficial, qué medios reciben esos fondos y con qué criterios se distribuyen. Negar esa información o responder con evasivas impide el control ciudadano y alimenta las sospechas sobre el uso discrecional de la pauta. Un gobierno democrático no debería temerle a la información pública. Al contrario, debería garantizarla.

El retiro de publicidad no impide formalmente que Aire 99 e Intempestiva publiquen sus contenidos. Pero la libertad de expresión no puede reducirse a la ausencia de una prohibición explícita. También requiere condiciones para que las distintas voces puedan sostenerse y competir sin que el Estado intervenga arbitrariamente en su viabilidad económica.

Cuando un gobierno utiliza su capacidad de distribuir recursos públicos para favorecer a unos medios y perjudicar a otros, pone en riesgo la pluralidad informativa, distorsiona la competencia y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa.

No reclamamos privilegios ni que el Estado financie una línea editorial. Reclamamos transparencia, reglas claras y explicaciones sobre decisiones que afectan directamente el funcionamiento de los medios de comunicación y el acceso a la información de la comunidad.